Castilla y León blinda la protección social a las familias vulnerables y también a la clase media en dificultades

Castilla y León da un paso adelante en la atención de las personas en riesgo de exclusión social y blinda la protección a las familias que menos tienen y más necesitan pero también a esa clase media que por circunstancias lo está pasando peor y se encuentra en dificultades y que requiere de un empujón para salir de nuevo adelante.

Un blindaje que llega a través del Pacto por las Familias de Castilla y León que ha firmado este mediodía el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, con los representantes de hasta 45 entidades del Tercer Sector, con el que el jefe del Ejecutivo autonómico cumple uno de los compromisos que adquirió al inicio de la legislatura.

"Las familias son el corazón de la sociedad y un motor de futuro", destacaba Mañueco durante su intervención, en la que aseguraba que este pacto es un 2punto de inicio importante", y agradecía la voluntad de diálogo de las entidades del Tercer Sector, a las que trasladaba que son sus aliados y que estarán siempre con ellas y de la mano "porque son las que mejor conocen las necesidades que hay", para seguir mejorando la calidad de vida y bienestar de las familias.

El líder popular, además, avanzaba nuevas medidas de cara al futuro, como una nueva Renta Garantizada de Ciudadanía que reforzará las ayudas a los hogares con menores a su cargo y que se vincularán a las más vulnerables pero donde haya una búsqueda activa de empleo y los menores estén escolarizados.

Asimismo, Mañueco destacaba que se garantizarán las ayudas al alquiler a aquellas familias cuyos ingresos estén entre 0,5 y tres veces el Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), y que estas se otorgarán con un criterio progresivo, para que aquellas familias con rentas más bajas puedan recibir mayor porcentaje de recursos.

Además, en materia educativa, se asegurará a estas familias con menos recursos la gratuidad de los libros, el comedor escolar y acceder al programa Madrugadores sin pagar ni un euro.

En materia social, se incrementarán las plazas para el alojamiento de personas vulnerables, se agilizará el pago del bonosocial térmico y se facilitará la adaptación de viviendas para las personas de movilidad reducida.

Y en lo que respecta al empleo, se reforzarán los itinerarios de inserción laboral para que estas personas en edad de trabajar puedan encontrar más fácil una ocupación laboral y se mejorará la coordinación entre los servicios educativos, sociales, de empleo, Tercer Sector y empresas, "para mejorar la eficacia de la integración laboral", decía Mañueco.

En este sentido, señalaba que el acceso al mercado de trabajo es un elemento fundamental, y que por ello darán un nuevo impulso a las políticas activas de empleo, tanto en empresas del mercado ordinario como de inserción.

La historia social única para este año

Además, Mañueco anunciaba que se pondrá en marcha un servicio de apoyo a la integración sociolaboral de jóvenes procedentes del Sistema de Protección a la Infancia, y se avanzará en la historia social única, que ofrecerá una atención más personalizada, será una realidad a lo largo de este 2025.

Por otro lado, el presidente de la Junta presumía de que Castilla y León siga liderando los servicios sociales en España tanto en número de plazas residenciales como de financiación pública, y aprovechaba estos datos del informe anual que elaboran los directores y gerentes de servicios sociales de la España autonómica que se han conocido recientemente para pedir al Gobierno de España que ceda a Castilla y León la gestión del Ingreso Mínimo Vital.

Mañueco finalizaba su intervención destacando que todo esto es posible gracias a la "estabilidad" que ofrece su Gobierno y su compromiso por seguir transformando la sociedad y el futuro de Castilla y León, de la mano de los "mejores servicios públicos de España" para generar más bienestar para las personas.

Consolidar un modelo más justo y equitativo

En este acto intervenía también el presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (APN) en Castilla y León, Óscar Castro, quien destacaba la importancia de este pacto por las familias que incluye además de las 45 entidades incluye a cuatro consejerías, como son Educación, Familia e Igualdad de Oportunidades, Vivienda y Empleo. "Este acuerdo es una oportunidad histórica para consolidar un modelo de comunidad más justo y equitativo", decía Castro, al tiempo que ponía en valor la solidaridad de Castilla y León, "siempre" al lado de los más vulnerables.

Durante su intervención, el presidente de APN en la región advertía de la "realidad compleja" de la sociedad en los últimos años, azotada por varias crisis, como la pandemia o la inflación, que han hecho crecer las desigualdades económicas, la brecha digital, la dificultad de acceder a una vivienda o los discursos de odio contra los más pobres (aporafobia). En este sentido, ponía sobre la mesa algunos datos, como que el 22,4 por ciento de la sociedad vive en riesgo de pobreza; el 18 por ciento viven e la pobreza y un 6,4 en pobreza severa; o que el 26,5 por ciento de estas familias vulnerables viven en el medio rural.

"Queda mucho por hacer", aseguraba castro, mientras destacaba la importancia de los sistemas de protección social "porque son útiles", decía, y llamaba a la unidad de acción y una mejor coordinación para que esta protección social "llegue a todas las familias".

Finalmente, Castro señalaba que este pacto "es solo el principio", avanzaba que se pondrán en marcha mecanismos de seguimiento de este acuerdo y que se mejorará en la transparencia, todo ello con el objetivo principal de conseguir que "nadie se quede atrás" y que Castilla y León siga avanzando hacia una sociedad más inclusiva y transformadora.