La Generalitat ha remitido al juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, que investiga la gestión de la dana del pasado 29 de octubre, un nuevo informe. Se trata del segundo de los tres que ha enviado esta semana.
En este caso, la magistrada había pedido la información remitida, el día 29 de octubre de 2024, a los ayuntamientos y diputaciones que se pudieran haber visto afectados por la crecida del barranco del Poyo.
El documento está firmado también por el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez. Un alto funcionario de perfil técnico que tuvo un papel relevante en aquella jornada.
En él incide en el papel de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) por la carencia de comunicaciones directas (que no fueran por correo) del aumento del caudal del Poyo que acabó provocando la tragedia. Y también en el hecho de que su presidente, Miguel Polo, no dijo nada en el Cecopi.
Así, detalla que el primer incremento de caudal lo notifica el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la CHJ a las 12:07 en la rambla del Poyo a la altura de Riba-Roja.
En ese momento, el Centro de Coordinación de Emergencias procedió a declarar la Alerta Hidrológica en el barranco del Poyo por fuerte subida del nivel del agua por pico de 264 m/s.3.
Correos de ascenso y descenso
A esos avisos siguieron otros tres por descenso del nivel de la rambla: uno a las 13.41, uno a las 15.04 y otro a las 16.13 horas.
Desde entonces no hubo ninguno más hasta las 18.43 y que fue, dice el informe, el "decisivo". En él, la CHJ informaba de un valor de caudal de 1.686 m3/seg con tendencia ascendente, indicando que la crecida estaba siendo muy rápida y que se continuaba el seguimiento desde la sala SAIH.
"No consta ningún aviso por parte de la Confederación entre las 16.13 horas y las 18.43 de superación de los 150 m3/seg como hubiera correspondido en función de los protocolos vigentes y del Plan Especial", señala el informe de Suárez.
La información transmitida a las 18.43, destaca el documento, "no vino acompañada de una llamada telefónica u otro mecanismo de aviso equivalente que permitiera valorar adecuadamente su impacto".
Correo enviado por la CHJ sobre el caudal del Poyo.
Aspecto, incide, "de gran importancia teniendo en cuenta las competencias de la CHJ, el conocimiento especializado del comportamiento de los cauces y caudales de la cuenca de su competencia, así como las funciones asignadas a la CHJ en el Plan Especial frente al riesgo de inundaciones".
Éste contempla que la Confederación ha de informar al Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat de los incrementos relevantes de caudales que se produzcan en los ríos y barrancos de sus respectivas cuencas.
Y recuerda que la realización de avisos vía telefónica en situaciones extraordinarias es la manera de proceder establecida, por ejemplo, con la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Con este análisis de lo sucedido, la Generalitat trata de remarcar a la juez que el presidente de la CHJ, Miguel Polo, no manifestó nada tras el aviso de las 18.43 pese a estar conectado de manera telemática en el Cecopi.
El ejecutivo autonómico entra a detallar igualmente la información remitida a los ayuntamientos en aquella jornada. Así, señala que cuando se declara la Alerta Hidrológica a las 12.20 horas en la Rambla del Poyo, se notifica a los municipios y agencias "mediante envío masivo por fax e email, así como por SMS a la estructura interna de la entonces Conselleria de Justicia e Interior".
Los municipio son: Alaquàs, Albal, Aldaia, Alfafar, Benetússer, Catarroja, Cheste, Chiva, Godelleta, Loriguilla, Llocnou De La Corona, Massanassa, Paiporta, Picanya, Quart De Poblet, Riba-roja de Túria, Sedaví, Torrent y Xirivella.